El Gobierno autorizó por DNU el envío de tropas a Panamá para el ejercicio militar PANAMAX 2026

El Gobierno de Javier Milei autorizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la participación de personal y medios de las Fuerzas Armadas argentinas en el ejercicio militar multinacional PANAMAX 2026, que se desarrollará en la República de Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto bajo el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos. La medida vuelve a instalar el debate sobre los límites entre las facultades del Poder Ejecutivo y la atribución constitucional del Congreso para autorizar el envío de tropas al exterior.

Según el decreto, participarán hasta 56 efectivos argentinos, con un financiamiento estimado en 51 millones de pesos que estará a cargo del Ministerio de Defensa. El Gobierno optó por la vía del DNU en lugar de esperar el trámite parlamentario habitual, argumentando que el proyecto de ley correspondiente no fue tratado a tiempo por el Congreso Nacional.

La justificación oficial

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la ausencia argentina en PANAMAX 2026 hubiera afectado el entrenamiento conjunto con fuerzas de otros países, limitando la transferencia de conocimiento, la actualización doctrinaria y la validación de procedimientos operativos. Ese argumento busca despejar los cuestionamientos que genera, una vez más, la decisión de avanzar sin el aval previo del Congreso en una materia que, por regla general, requiere su autorización.

No es la primera vez que la administración de Milei recurre a esta vía para resolver el envío de tropas al exterior sin el paso previo por el recinto, lo que alimenta el reclamo de sectores de la oposición que consideran que se está sorteando un control institucional clave en materia de política exterior y de defensa.

El ejercicio PANAMAX, de carácter multinacional, se extenderá hasta el 15 de agosto, fecha que marcará el fin de la participación argentina en esta edición. Resta ver si en las próximas semanas el Congreso retoma el debate pendiente sobre el proyecto de ley que, según el propio Gobierno, no llegó a tratarse a tiempo.