El Gobierno destraba el paro de prácticos que dejó 140 buques varados en los puertos

El Gobierno logró destrabar este martes el paro de prácticos, pilotos y baqueanos que desde el sábado 1 de agosto mantenía varados a al menos 140 buques en puertos de todo el país, desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. La medida de fuerza, que llegó a afectar cerca del 80% del comercio exterior argentino, empezó a descomprimirse tras un acuerdo que formalizó una mesa de trabajo para revisar los alcances del Decreto 690/2026, la norma que había desatado el conflicto.

Un decreto que desregula el practicaje

El origen de la disputa está en el Decreto 690/2026, publicado el 30 de julio en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma deroga el Decreto 2694/91 y desregula el servicio de practicaje y pilotaje: crea un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina (PNA), elimina barreras de ingreso para nuevos operadores, habilita a los usuarios a elegir libremente sus prestadores y le da a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obligar a publicar precios. Para el Gobierno, se trata de otro paso en su agenda de reducción de costos logísticos; para el sector, de una desregulación que pone en riesgo el esquema vigente de prestación del servicio.

El rechazo se tradujo en un paro y lock-out que paralizó terminales clave como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Gran Rosario, Santa Cruz y Caleta Córdova. Con entre 140 y más de 150 buques sin poder operar, la protesta golpeó de lleno la salida de granos, combustibles e insumos industriales, en un momento en que la Hidrovía concentra buena parte del comercio exterior del país.

Intimaciones y advertencia de sanciones

Ante la magnitud del conflicto, la Prefectura Naval intimó el 3 y 4 de agosto de manera individual a 536 prácticos para que se pusieran a disposición del servicio con carácter urgente. El organismo advirtió sanciones administrativas y la posibilidad de causas penales, con penas de hasta ocho años de prisión para quienes no retomaran las tareas. La escalada, calificada por fuentes oficiales como un "boicot" al decreto, marcó el punto más tenso de la negociación entre el Gobierno y el sector.

Ese mismo martes, sin embargo, el clima cambió: el Ejecutivo anunció un acuerdo para destrabar el conflicto y quedó formalmente constituida una mesa de trabajo que revisará los alcances del Decreto 690/2026. Con ese entendimiento, los prácticos comenzaron a retomar funciones en los puertos del país, lo que permitió empezar a descomprimir la película de buques varados que generaba pérdidas millonarias al comercio exterior.

La constitución de la mesa de trabajo abre un nuevo capítulo en la negociación entre el Gobierno y el sector portuario, con la incógnita de qué modificaciones concretas podrá sufrir el decreto original y en qué plazos. Se trata de un proceso aún en desarrollo, por lo que en las próximas horas y días podrían conocerse nuevos detalles sobre el ritmo de reanudación de las operaciones y el contenido de la revisión acordada.