El Congreso vuelve al recinto el 6 de agosto con la "Ley Hojarasca" en agenda, tras un receso invernal en el que el Senado avanzó con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Tras el receso invernal, los jefes de bloque del Congreso acordaron retomar la actividad en el recinto el 6 de agosto de 2026, con la denominada "Ley Hojarasca" como principal punto de agenda. El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone derogar unas 60 normas y se perfila como el primer gran debate legislativo del segundo semestre.

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Lo que dejó el tramo previo al receso

Antes de entrar en el receso, el Senado había tenido una intensa actividad. El 16 de julio, la Cámara alta sesionó para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. El proyecto había obtenido dictamen en mayo, pero su tratamiento en el recinto fue postergado en varias oportunidades por falta de los votos necesarios del oficialismo, hasta que finalmente pudo avanzar en esa sesión de julio.

En la misma jornada, el Senado también aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos normas de peso en la agenda económica del Gobierno. El temario de esa sesión incluyó, además, una treintena de pliegos diplomáticos y judiciales, en una jornada cargada que funcionó como cierre de la actividad parlamentaria antes del receso invernal.

Lo que viene: la "Ley Hojarasca" como primer test de agosto

Con el Congreso de regreso el 6 de agosto, la "Ley Hojarasca" se convierte en el primer test legislativo del segundo semestre. Al llegar con media sanción de Diputados, el proyecto necesitará ahora reunir los apoyos suficientes en el Senado para convertirse en ley, en un contexto parlamentario donde el oficialismo viene de sortear con dificultad la falta de votos en otras iniciativas, como ocurrió con el proyecto de propiedad privada antes de julio.

La sesión del 6 de agosto será, en ese sentido, la primera oportunidad para medir el clima de negociación entre bloques tras el receso, y podría marcar el ritmo con el que avance el resto del paquete legislativo que el Gobierno pretende impulsar en la segunda mitad del año.