¿Qué es el RIGI y cómo funciona el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Argentina?

¿Qué es el RIGI?

El RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) es un esquema de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios creado por la Ley 27.742 —conocida como Ley Bases— sancionada en 2024 durante el gobierno de Javier Milei, destinado a proyectos de inversión de gran escala. Su objetivo declarado es dar previsibilidad, estabilidad normativa y seguridad jurídica de largo plazo a inversiones nacionales y extranjeras en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo, siderurgia, y petróleo y gas —este último sector se incorporó de manera explícita en una actualización de febrero de 2026, para proyectos de explotación de hidrocarburos costa afuera.

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No es un instrumento financiero al que un ahorrista pueda suscribirse ni un régimen de promoción general: es un marco legal pensado para proyectos que superan montos mínimos de inversión muy altos, con beneficios que se mantienen garantizados durante 30 años para cada proyecto adherido.

Cómo funciona

Para adherirse al RIGI, el inversor tiene que constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU): una sociedad cuyo único objeto es ejecutar ese proyecto específico aprobado bajo el régimen, sin otras actividades ni activos que no estén relacionados con él (con la excepción de los fondos propios necesarios para su administración). Este requisito busca que los beneficios y obligaciones del régimen queden acotados exclusivamente al proyecto, sin mezclarse con otras operaciones de la empresa.

Los montos mínimos de inversión varían según el tipo de proyecto:

• Régimen general: USD 200 millones.
• Proyectos sectoriales de mayor escala: hasta USD 900 millones.
• Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), pensados para inversiones de maduración muy extensa como el gas natural licuado (GNL): mínimo USD 1.000 millones por etapa.
• Proyectos de petróleo y gas costa afuera (incorporados en 2026): piso propio de USD 600 millones.

Una vez aprobado, el proyecto debe ejecutar como mínimo el 40% de la inversión comprometida durante los primeros dos años, aunque existe una excepción que permite bajar ese piso al 20% en determinados casos. El plazo para presentar y adherir proyectos al régimen vencía originalmente el 8 de julio de 2026 —dos años después de la entrada en vigencia de la ley—, pero el Gobierno lo prorrogó por un año adicional, hasta julio de 2027, con el argumento de que los proyectos de esta escala "requieren plazos de maduración más extensos".

A modo ilustrativo: un proyecto minero adherido al régimen general con una inversión comprometida de USD 200 millones debe ejecutar al menos USD 80 millones (el 40%) en los primeros dos años. Sobre las divisas que genere por exportaciones, en el segundo año podrá acceder libremente al mercado de cambios por el 20% de esas divisas, en el tercero por el 40% y recién en el cuarto por el 100%. Y recién a partir del tercer año dejará de pagar derechos de exportación sobre lo que venda al exterior.

En qué se diferencia de otros regímenes

El RIGI no es el régimen general de promoción de inversión extranjera que existe en Argentina, que no ofrece estos beneficios especiales ni la garantía de estabilidad de 30 años: es un régimen adicional y específico, reservado solo para proyectos que superan los montos mínimos detallados arriba.

Tampoco es equiparable a los regímenes de promoción industrial que existieron antes en el país, muchas veces provinciales o acotados a un sector puntual y de menor escala. El RIGI es un régimen nacional, diseñado para inversiones muy grandes —con un piso de USD 200 millones—, con beneficios más profundos pero un umbral de acceso mucho más alto. No está pensado para pymes ni para inversores individuales, sino para grandes empresas y fondos con capacidad de ejecutar proyectos de esa magnitud.

Cómo acceder desde Argentina

Un inversor minorista no puede "comprar RIGI": el régimen se aplica a las empresas y VPU que ejecutan los proyectos aprobados, no a instrumentos financieros dirigidos al público en general. No existe una forma de participar directamente del régimen con un aporte de capital individual.

La vía indirecta para tener exposición a estos proyectos es invertir en acciones, CEDEARs, obligaciones negociables (ONs) o bonos de las empresas —mineras, petroleras, energéticas— que tienen proyectos aprobados o presentados bajo el RIGI y que cotizan en la bolsa argentina o cuyos CEDEARs cotizan en el Merval. Para entender cómo funciona cada uno de esos instrumentos, se pueden consultar las guías sobre acciones argentinas del panel líder y general, CEDEARs y Obligaciones Negociables (ONs) argentinas.

Riesgos

Invertir de forma indirecta en empresas con proyectos RIGI implica varios riesgos específicos, más allá de los propios de cualquier instrumento financiero:

• Concentración sectorial: el grueso de la inversión bajo el régimen está concentrado en pocos sectores —energía y minería—, lo que hace que el resultado del RIGI en conjunto dependa fuertemente de los precios internacionales de esos commodities: petróleo, gas, cobre y litio.
• Riesgo de ejecución: son proyectos de maduración larga, de varios años, y de gran escala, con posibilidad de demoras, sobrecostos o cambios en las condiciones de mercado que afecten su rentabilidad final.
• Riesgo político e institucional de largo plazo: aunque la ley garantiza estabilidad por 30 años para cada proyecto adherido, ese compromiso depende de que se sostenga en el tiempo frente a eventuales cambios de gobierno o de contexto macroeconómico. No hay forma de garantizar de antemano que un futuro gobierno no intente modificar el esquema, más allá de la protección legal actualmente vigente.
• Riesgo del instrumento específico: quien invierte en acciones, ONs o CEDEARs de una empresa con proyectos RIGI suma el riesgo propio de ese instrumento al riesgo del proyecto puntual. No es una inversión "libre de riesgo" por el solo hecho de estar amparada por el régimen.

Fiscalidad

Es importante distinguir dos planos impositivos distintos. Por un lado, el RIGI otorga beneficios impositivos propios a la empresa o VPU que ejecuta el proyecto: alícuota reducida y fija de 25% en el Impuesto a las Ganancias (contra el 35% del régimen general), retención de solo 3,5% sobre distribución de dividendos a partir del séptimo año de adhesión, amortización acelerada de bienes muebles con un mínimo de dos cuotas anuales, quebrantos impositivos sin límite temporal ni vencimiento para compensar contra ganancias futuras, certificados de crédito fiscal transferibles en materia de IVA, y cómputo total del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias. A nivel aduanero, el proyecto queda exento de derechos y percepciones en las importaciones de bienes de capital, insumos y repuestos, y de derechos de exportación a partir del tercer año de vigencia (segundo año para los PEELP). A nivel cambiario, el acceso al mercado de cambios para las divisas que genera el proyecto es progresivo: 20% desde el segundo año, 40% desde el tercero y 100% desde el cuarto.

Por otro lado, si un inversor argentino compra acciones, CEDEARs u ONs de una empresa con proyectos RIGI, tributa según las reglas generales de esos instrumentos —Bienes Personales, Ganancias, entre otros— y no según las reglas especiales del régimen. No hay ningún beneficio impositivo especial para el inversor minorista por el solo hecho de que la empresa en la que invierte esté adherida al RIGI. Para el detalle de cómo tributa cada instrumento, conviene revisar la guía de impuestos a las inversiones en Argentina y, para el caso puntual de cada inversor, consultar a un contador.

Estado actual del régimen

Hacia mediados de 2026, según cifras citadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el 12 de agosto de 2026 en un evento de la Bolsa de Comercio de Córdoba, había 43 proyectos presentados bajo el RIGI por un total de USD 148.229 millones, de los cuales 23 ya estaban aprobados por casi USD 49.766 millones —aproximadamente un tercio del monto total presentado—. Estas cifras corresponden a una foto de un momento determinado y cambian con el tiempo a medida que se presentan y aprueban nuevos proyectos, por lo que conviene tomarlas como referencia de escala más que como un dato fijo.

La inversión aprobada y presentada está fuertemente concentrada: energía (incluyendo petróleo y gas) y minería explican en conjunto más del 97% del monto total. Dentro de minería, el cobre y el litio son los recursos que concentran la mayor parte de los proyectos. Sectores como industria, infraestructura o tecnología tienen, por ahora, una participación marginal dentro del total del régimen. Para un caso concreto de aplicación reciente, se puede consultar la nota sobre las nuevas inversiones del RIGI anticipadas por Caputo por hasta USD 50.000 millones.

Preguntas frecuentes

¿Cualquier empresa puede adherirse al RIGI?

No. Solo pueden adherirse proyectos que superen los montos mínimos de inversión establecidos por el régimen —desde USD 200 millones en el régimen general hasta USD 1.000 millones por etapa en los PEELP— y que pertenezcan a los sectores elegibles: energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo, siderurgia, y petróleo y gas. El régimen no está pensado para pymes ni para proyectos de menor escala.

¿El RIGI le sirve a un inversor individual?

Un ahorrista no puede acceder de forma directa al RIGI, porque el régimen aplica a las empresas y VPU que ejecutan los proyectos, no a instrumentos financieros dirigidos al público. La única forma de tener exposición es indirecta, comprando acciones, CEDEARs u ONs de empresas que tengan proyectos aprobados o presentados bajo el régimen.

¿Hasta cuándo se puede presentar un proyecto?

El plazo de adhesión, que originalmente vencía el 8 de julio de 2026 —dos años después de la entrada en vigencia de la Ley Bases—, fue prorrogado por el Gobierno por un año adicional, hasta julio de 2027.

¿Qué pasa si el proyecto no cumple con el cronograma de inversión comprometido?

Las fuentes disponibles no detallan de forma específica cuáles son las consecuencias exactas para un proyecto que no cumpla con el piso de ejecución del 40% (o 20%, según el caso) en los primeros dos años. Es un punto que queda abierto y que conviene chequear directamente en el texto de la Ley 27.742 y su reglamentación para el caso concreto de cada proyecto.