Dólares del colchón: el cambio que hizo el Gobierno con Inocencia Fiscal y qué pasará con los funcionarios

El Gobierno modificó el proyecto de ley "Inocencia Fiscal II" para excluir a los funcionarios públicos, actuales y ex funcionarios con cargos jerárquicos en los últimos cinco años, de los beneficios centrales del régimen pensado para que los argentinos declaren los dólares no bancarizados que guardan fuera del sistema financiero, conocidos como "dólares del colchón". El cambio llegó después de la polémica por la adhesión de Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, a ese esquema mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Qué pasó

El proyecto "Inocencia Fiscal II" crea un Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) que permite declarar dólares no bancarizados con dos beneficios centrales: presunción de exactitud de lo declarado y protección contra ajustes fiscales retroactivos por parte de la agencia recaudadora. En la nueva versión del proyecto, esos dos beneficios quedan vedados para quienes ocupan o hayan ocupado, en los cinco años previos a la fecha de adhesión, cargos públicos jerárquicos.

La exclusión alcanza a:

• Funcionarios del Poder Ejecutivo con rango igual o superior a Secretario de Estado, a nivel nacional, provincial y municipal.
• Legisladores nacionales y provinciales.
• Jueces.

Estos funcionarios y ex funcionarios podrán igual presentar una declaración jurada simplificada y pagar el impuesto correspondiente, pero sin la cobertura que sí tendrá el resto de los contribuyentes: ni la presunción de exactitud de lo declarado ni el resguardo frente a ajustes retroactivos del fisco. En la práctica, la ley les permite regularizar su situación tributaria, pero no les da la misma protección legal para "sacar los dólares del colchón" que al resto de la sociedad.

Por qué pasó

El cambio se produjo tras la controversia por el caso de Manuel Adorni, que se había adherido al RSG mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Según las fuentes consultadas, la modificación del proyecto fue impulsada por la presión de la oposición en la Cámara de Diputados, después de que el caso Adorni complicara la negociación legislativa en torno a la iniciativa.

Quienes ya se habían adherido al régimen antes de este cambio —como el propio Adorni— mantendrían derechos adquiridos con los beneficios vigentes al momento de su adhesión, es decir, no perderían retroactivamente la presunción de exactitud ni la protección contra ajustes fiscales que ya tenían.

Qué significa

Más allá de la exclusión de funcionarios, el nuevo proyecto amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder al Régimen Simplificado de Ganancias: elimina los topes de ingresos (de 1.000 millones de pesos) y de patrimonio (de 10.000 millones de pesos) que tenía la versión anterior del proyecto. Esto significa que, para la enorme mayoría de los contribuyentes sin cargos públicos, el régimen queda más abierto que en su formulación original, aun cuando se endurece específicamente para quienes tienen o tuvieron responsabilidades públicas.

El proyecto también fija parámetros de control por parte de ARCA, la agencia recaudadora: se configura una "discrepancia" cuando hay un incremento tributario o una reducción de quebrantos no inferior al 15%, mientras que no se aplica la exclusión del régimen si la diferencia no alcanza el 5% del valor de evasión previsto por la Ley Penal Tributaria. Estos umbrales delimitan qué diferencias entre lo declarado y lo detectado por el fisco activan sanciones o pérdida de beneficios, y cuáles se consideran dentro de un margen tolerable.

Qué puede pasar ahora

El trasfondo de la discusión es el tamaño del universo de dólares no declarados en la Argentina: el Gobierno estima oficialmente en USD 170.000 millones los dólares que están fuera del sistema financiero. Durante la actual gestión ya se blanquearon USD 20.000 millones a través de blanqueos anteriores, mientras que el blanqueo total histórico, sumando gobiernos anteriores, asciende a USD 116.000 millones. Con esos números como referencia, el objetivo declarado de "Inocencia Fiscal II" es ampliar la base de contribuyentes dispuestos a declarar dólares no bancarizados, ahora con una condición diferenciada para quienes tienen o tuvieron poder público.

El proyecto avanza en el Congreso con este esquema de exclusión ya incorporado al dictamen que se discute en Diputados. Resta ver si la oposición considera suficiente el cambio para destrabar la negociación legislativa, o si exige ajustes adicionales antes de habilitar su tratamiento en el recinto.