Juicio YPF: qué significa para los argentinos la anulación

Que se haya anulado la condena del juicio por YPF significa que, hoy, la Argentina ya no tiene en Estados Unidos una deuda judicial de unos USD 16.100 millones, que con intereses acumulados superaba los USD 18.000 millones. En la práctica, el Estado no tiene que afrontar ese pago con reservas, con deuda nueva ni con recortes de gasto, y se cae la amenaza de tener que entregar el 51% de las acciones de YPF, que sigue en manos del Estado. Pero todavía no es un cierre definitivo: los demandantes pidieron que el caso lo revise la Corte Suprema de EE.UU. y además abrieron un reclamo arbitral ante el CIADI.

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Qué pasó

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, firmó una resolución fechada el lunes 19 de octubre de 2026. Esa resolución deja sin efecto la parte de su sentencia de septiembre de 2023 que había condenado a la República Argentina a indemnizar a los demandantes por incumplimiento contractual, y ordena desestimar ese reclamo. Es la "sentencia final" de primera instancia. Preska no volvió a analizar el fondo del caso: lo que hizo fue incorporar lo que ya había resuelto la Cámara de Apelaciones.

Los demandantes le habían pedido que esperara a que se pronunciara la Corte Suprema antes de cerrar el caso, pero la jueza siguió adelante igual. Eso sí, dejó prevista la posibilidad de volver a intervenir si el máximo tribunal revierte el fallo de la Cámara. Desde la Procuración General de la Nación indicaron que el documento formaliza el fin de la instancia inferior.

La condena que quedó sin efecto era de unos USD 16.100 millones: cerca de USD 8.400 millones por daños y unos USD 7.600 millones de intereses. Así se llegó hasta acá:

• 2012: durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado expropió el 51% de las acciones de YPF que tenía Repsol, sin lanzar una oferta pública a los accionistas minoritarios.
• 2015: las sociedades Petersen, vinculadas a la familia Eskenazi, y el fondo Eton Park presentaron la demanda en Nueva York.
• 2017: Preska tomó el caso tras la muerte del juez Thomas Griesa.
• Septiembre de 2023: condena contra la Argentina por unos USD 16.100 millones.
• 30 de junio de 2025: Preska ordenó entregar el 51% de YPF a los demandantes. La Cámara suspendió esa orden mientras se resolvía la apelación.
• 27 de marzo de 2026: la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la condena.
• Junio de 2026: el pleno del Segundo Circuito rechazó el pedido de revisión de Burford.
• Octubre de 2026: los demandantes fueron a la Corte Suprema y Preska firmó la sentencia final.

Por qué se anuló

La anulación viene de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. El 27 de marzo de 2026 revocó la condena con los votos de los jueces Denny Chin y Beth Robinson, y con la disidencia de José Cabranes. Según la mayoría, Preska había interpretado mal el derecho argentino. La ley argentina de expropiaciones está por encima de lo que dice el estatuto de YPF e impide que terceros presenten reclamos que interfieran con una expropiación. Además, el estatuto no es un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamarle daños al Estado.

La Cámara también confirmó el rechazo de los reclamos contra YPF como empresa, así que la petrolera no tiene que responder por la indemnización. En junio, el pleno del tribunal rechazó revisar ese fallo, como había pedido Burford Capital. Burford es el fondo que compró los derechos del litigio para financiarlo a cambio de quedarse con una parte de la indemnización.

Qué significa para los argentinos

Para quien no siguió el caso, el resultado se resume en cuatro puntos:

• No hay una deuda de USD 16.100 millones que pagar. Hoy el Estado no tiene esa condena en su contra, así que no necesita usar reservas, emitir deuda ni recortar gasto para afrontarla.
• El 51% de YPF sigue en manos del Estado. La orden de entregar esas acciones buscaba cobrar una condena que ya no existe, así que se queda sin base.
• YPF quedó libre de responsabilidad. La empresa no tiene que pagar ninguna indemnización a los demandantes.
• No es el final. Todavía puede intervenir la Corte Suprema de EE.UU. y sigue abierto el arbitraje ante el CIADI.

Para dimensionar lo que estaba en juego: según El Economista, las reservas brutas del Banco Central rondaban los USD 46.583 millones en mayo de 2026, así que la condena equivalía a más de un tercio de ese stock. Según una estimación propia, si se repartían esos USD 16.100 millones entre unos 47 millones de habitantes, le tocaban unos USD 340 a cada uno. Al dólar oficial de venta del 20 de octubre ($1.540), son más de $500.000 por habitante.

Hay otro punto que tiene que ver con el costo de financiarse. El 20 de octubre el riesgo país estaba en 675 puntos, un nivel que todavía implica tasas altas para la Argentina. Un pasivo posible de este tamaño es parte de lo que mira un inversor antes de prestarle al país.

Qué puede pasar ahora

A principios de octubre, Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, con el respaldo de Burford, le pidieron a la Corte Suprema de EE.UU. que revise el caso (lo que en inglés se llama certiorari). Burford calificó la decisión de la Cámara como "gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes". Las chances son acotadas: la Corte recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos de este tipo por año y acepta alrededor de 80. Además, no tiene un plazo fijo para decidir.

Hay dos escenarios. Si la Corte rechaza el pedido, el fallo de la Cámara queda firme y la Argentina gana el caso en EE.UU. de forma definitiva. Si lo acepta, la discusión se reabre, y Preska ya dejó prevista la posibilidad de volver a intervenir si se revierte lo que dijo la Cámara.

Aparte de los tribunales de Nueva York, Burford abrió un reclamo arbitral ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, en nombre de las sociedades Petersen. Por eso el analista Sebastián Maril advirtió que esta resolución no es necesariamente el final de la disputa. Por ahora, la Argentina pasó de tener en contra una condena de más de USD 16.000 millones a no deber nada en primera instancia. Sobre el caso todavía quedan dos instancias abiertas.