Retiro voluntario en el Estado: cómo funciona

Qué pasó

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial un nuevo esquema de retiros voluntarios para la Administración Central (Presidencia y ministerios), con inscripción del 1 al 30 de noviembre de 2026, prorrogable una vez por hasta 30 días corridos. Pueden anotarse los empleados de planta permanente alcanzados por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y quienes tienen contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. La edad de referencia para ubicarse en cada grupo es la que se tenga al 31 de octubre de 2026.

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El esquema divide a los postulantes en tres grupos según edad y aportes, cada uno con una compensación distinta:

• Grupo 1 (mujeres desde 58 y hombres desde 63 años aproximadamente, sin aportes suficientes para jubilarse): pueden elegir entre una gratificación mensual del 60% de la remuneración bruta por hasta 36 meses o hasta cumplir los requisitos jubilatorios, o una gratificación única de un mes de sueldo por año de antigüedad, con tope de 18 sueldos y de los meses que falten para jubilarse.
• Grupo 2 (mujeres de 58 a 64 y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes): gratificación única de un mes por año de antigüedad, mismo tope de 18 sueldos y de los meses que falten para jubilarse, más un adicional de 5 sueldos que se paga con la primera cuota.
• Grupo 3 (mujeres hasta 57 y hombres hasta 62 años): gratificación única de un mes por año de antigüedad, con tope de 20 sueldos, más un adicional de 4 sueldos (si tienen menos de 15 años de planta permanente) o de 5 sueldos (15 años o más).

Si la gratificación no supera los $20 millones se paga de una sola vez; si lo supera, se divide en hasta tres cuotas mensuales de hasta $20 millones cada una, a lo que se suma la liquidación final por cese. Si un beneficiario del Grupo 1 fallece durante el cobro, los pagos continúan para sus derechohabientes.

No todos los empleados públicos pueden anotarse. Quedan afuera, entre otros, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la SIDE, el Servicio Exterior, el personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, las orquestas, coros y ballets nacionales, los docentes y los servicios civiles en el exterior. Tampoco pueden adherir quienes estén procesados por delitos contra la Administración Pública (salvo absolución firme antes del cierre de inscripción), quienes tengan sumarios que puedan terminar en cesantía o exoneración, reclamos laborales en curso (salvo juicios por Ley de Riesgos del Trabajo si se desiste), trámites jubilatorios iniciados, licencias largas en curso de su cuarto año, o mandato sindical vigente, en cuyo caso deben presentar una renuncia condicionada.

Por qué pasó

El objetivo que declara la resolución es "reorganizar las estructuras estatales y reducir las dotaciones de personal": los cargos de quienes se acojan se eliminan y esa baja no puede usarse para justificar nuevas incorporaciones. La medida se suma a una reducción previa de unos 77.000 empleados públicos durante la gestión de Javier Milei, producto de despidos y no renovaciones de contratos. Fuentes oficiales habían adelantado a El Cronista, el 6 de octubre, que de los retiros abiertos durante este año ya llevaban unos 5.000 adheridos y que "no tenemos un número objetivo" de bajas.

El trasfondo es fiscal: el gasto previsto para este año en este personal es de unos $13,4 billones, de los cuales ya se ejecutó el 72% (unos $9,6 billones), contra $10,4 billones gastados en los primeros nueve meses del año anterior. El ministro Federico Sturzenegger había escrito en X el 30 de septiembre: "Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos", y en agosto había sostenido que el Estado ya devolvió millones de dólares a los argentinos y no necesita cobrarles para pagar esos empleados. En la misma línea, Milei había dicho en agosto, en LN+: "No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas".

Qué significa

El universo de empleados en condiciones de adherir varía según la fuente. Según estimaciones oficiales citadas por Infobae, unos 20.000 trabajadores estarían en condiciones de sumarse al esquema. Ámbito, citando a la Asociación de Administradores Gubernamentales (ASAP), habla de un universo más amplio: unos 37.000 empleados sobre un total de 269.000 en toda la Administración Pública Nacional.

Entre los economistas consultados por Ámbito el impacto esperado es dispar. Jorge Colina (IDESA) considera que la medida "no tiene mucha relevancia" en el gasto porque adhiere un porcentaje bajo del personal, y que hace falta un ordenamiento integral del Estado. Nadin Argañaraz (IARAF) plantea que el efecto real depende de si los puestos vacantes se reemplazan y de cuánto cuesten esos reemplazos, un dato que hay que cruzar con lo que se paga al momento del retiro para estimar el impacto neto. Pablo Moldován (C-P) lo enmarca como parte de un "combo" para achicar el Estado y advierte que este tipo de esquemas suele provocar la salida de los trabajadores más calificados, justo en un momento de márgenes fiscales reducidos. Iván Cachanosky (Libertad y Progreso) lo valora en forma positiva por la eliminación del cargo presupuestario y la prohibición de reingreso por ocho años, aunque aclara que el éxito dependerá de cuántas adhesiones se concreten —podrían ser bajas si los sindicatos desaconsejan participar— y que reducir la planta es necesario pero no alcanza: falta, dice, una reforma del empleo público.

Qué puede pasar ahora

La adhesión no está garantizada: cada jurisdicción puede rechazar una solicitud según sus necesidades de servicio. Las autoridades tienen 40 días corridos desde el primer día hábil posterior al cierre de inscripción para aprobar o rechazar cada pedido; si no se expiden en ese plazo, rige el silencio administrativo negativo, es decir que el pedido se considera rechazado. La notificación al empleado debe producirse dentro de los dos días hábiles de dictado el acto.

Quienes se acojan al esquema no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años desde la baja, con una única excepción: cargos docentes en universidades nacionales. Si esa restricción se incumple, se interrumpen los pagos pendientes y deben devolverse las sumas ya cobradas. Con la inscripción recién abierta y el período de evaluación de 40 días por delante, el número real de adhesiones aceptadas —y no solo de postulantes— será el dato que permita saldar la discrepancia entre las estimaciones de 20.000 y 37.000 trabajadores, y el que los economistas consultados piden para calcular el ahorro fiscal neto de la medida.