Riesgo país en mínimos, industria en caída y casi 9.000 empresas menos: la letra chica detrás de la calma financiera en Argentina

La Argentina llega a mediados de septiembre de 2026 con una foto financiera que el Gobierno de Javier Milei presenta como un logro consolidado: riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, inflación de agosto en 1,7% mensual y un superávit comercial acumulado que ya supera los USD 25.000 millones. Pero esa estabilidad convive con otra realidad, menos visible en los indicadores financieros: en el primer semestre del año cerraron 8.734 empresas, la industria tuvo en julio su peor caída mensual en 16 meses y las proyecciones de crecimiento del PBI para 2026 se recortan mes a mes, hasta ubicarse por debajo del 2% según varias consultoras privadas. La pregunta que atraviesa el debate económico de esta semana no es si el programa financiero funciona —los números dicen que sí—, sino si esa estabilidad alcanza para traducirse en actividad real.

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Contexto

El combo de datos difundido en los últimos días es, en los términos que elige el propio Gobierno, una postal de éxito. La inflación de agosto se ubicó en 1,7% mensual, el riesgo país se consolidó por debajo de los 500 puntos básicos y el superávit comercial acumulado ya superó los USD 25.000 millones. Como reconstruyó la nota publicada este 13 de septiembre, la estrategia oficial prioriza explícitamente mantener a toda costa la estabilidad financiera por sobre estimular el consumo, incluso a costa de resignar puntos de crecimiento en el corto plazo. Es una apuesta consciente: ordenar primero las variables nominales —precios, tipo de cambio, riesgo soberano— y esperar que la actividad real reaccione después, no al mismo tiempo.

Antecedentes

Ese ordenamiento financiero no es un fenómeno de esta semana, sino la continuidad de un programa que viene de antes y que tiene un objetivo declarado: llegar a 2027 con un dólar relativamente controlado y una macro creíble de cara a los mercados. El correlato de esa política monetaria restrictiva, sin embargo, también viene de antes: el deterioro de la economía real no arrancó en julio ni en agosto, sino que es un proceso acumulativo desde diciembre de 2023. Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), desde el inicio de la gestión de Milei cerraron más de 31.342 empresas y se destruyeron 434.126 puestos de trabajo registrado, equivalentes al 4,4% del empleo formal total. El empleo registrado pasó de 9.857.173 trabajadores en noviembre de 2023 a 9.423.047 en junio de 2026. En ese marco, el primer semestre de este año —con 8.734 empresas cerradas, 709 de ellas solo en junio y 22.513 puestos perdidos ese mismo mes— no es un episodio aislado, sino la continuación de una tendencia que convive, en simultáneo, con la baja de la inflación y el descenso del riesgo país.

Los números

Puestos uno al lado del otro, los indicadores financieros y los de actividad real muestran trayectorias opuestas:

Indicador financiero (positivo)	Valor
Riesgo país	Por debajo de 500 puntos básicos
Inflación de agosto 2026	1,7% mensual
Superávit comercial acumulado	Más de USD 25.000 millones
Indicador de actividad real (negativo)	Valor
Empresas cerradas (1er semestre 2026)	8.734
Empresas cerradas desde diciembre 2023	Más de 31.342
Empleo registrado destruido desde diciembre 2023	434.126 puestos (4,4% del empleo registrado)
Industria, julio 2026 (mensual desestacionalizado)	-5% (peor caída mensual en 16 meses)
Industria, interanual julio 2026	-4,9%
Industria, acumulado enero-julio 2026	-2,6% interanual
Construcción, julio 2026	-4,6% mensual / -4,5% interanual
Proyección de crecimiento PBI 2026 (REM-BCRA, julio)	2,7% (mediana), tras bajar 0,8 puntos desde el 3,5% de diciembre 2025
Proyección de crecimiento PBI 2026 (consultoras privadas, tras dato de julio)	Por debajo de 2%

El contraste no es menor: mientras el riesgo país y la inflación mejoran mes a mes, el REM —el relevamiento de expectativas que el Banco Central usa para proyectar variables clave— viene recortando sistemáticamente la expectativa de crecimiento, y las consultoras privadas van todavía más abajo que el promedio del mercado.

Qué está en juego

El deterioro de la actividad real no impacta de manera uniforme. Las pymes son las más expuestas al cierre: son las que primero sienten la combinación de tasas altas, consumo estancado y competencia de importaciones en sectores como equipos e instrumentos (-31,4% interanual, con componentes electrónicos y celulares cayendo 49,8%), maquinaria y equipo (-26,7%, con maquinaria agropecuaria en -46,6%) y prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%, con calzado en -26,5%). Los trabajadores registrados de esos sectores son los que ven caer el empleo formal mes a mes. El consumo, estancado desde diciembre de 2025 en términos desestacionalizados según las consultoras consultadas, retroalimenta ese cuadro: sin ingresos que crezcan, no hay demanda que traccione producción. El crédito, que debería ser el puente entre la estabilidad financiera y la reactivación, tampoco funcionó como esperaba el Gobierno: los niveles de morosidad empresarial —lo que técnicamente se conoce como mora empresarial— frenaron la expansión del financiamiento a las firmas, según las causas identificadas por los analistas privados. Y hay una dimensión política: de cara a 2027, el Gobierno necesita mostrar que la estabilidad se traduce en bienestar concreto, en un contexto en el que la aprobación de Milei se mantiene estable en 35% pero la desaprobación llega al 61%, según la Universidad de San Andrés.

Lecturas posibles

La lectura oficial sostiene que la estabilidad es una precondición, no un objetivo en sí mismo: sin ordenar primero la inflación —cuya medición mensual se sigue de cerca a través del IPC del INDEC— y el frente cambiario, cualquier intento de reactivación sería insostenible y terminaría en otra crisis. Bajo esa lógica, el crecimiento más lento de lo previsto es un costo transitorio y aceptable a cambio de una base más sólida hacia adelante. La lectura crítica, en cambio, apunta a que la política monetaria es más restrictiva de lo necesario y que eso mismo explica por qué el crecimiento no llega. Federico Poli, director de la consultora Sistémica, lo planteó en esos términos: "Estamos con un dólar que está atrasado, porque el Gobierno mantiene una política monetaria demasiado restrictiva". Desde esa perspectiva, el ajuste no es solo el resultado de shocks externos o de la herencia recibida, sino una decisión de política económica que, al priorizar la estabilidad nominal, está frenando el crédito, el consumo y la inversión. El propio recorte sostenido de las proyecciones de crecimiento —del 3,5% previsto en el Presupuesto nacional para 2026 al 2,7% del REM y a menos del 2% que ven varias consultoras— es, para esta lectura, la prueba de que la meta oficial de crecimiento no se va a cumplir.

Qué mirar hacia adelante

Hay al menos cuatro variables que en las próximas semanas van a confirmar o desmentir esta lectura. La primera es el dato de inflación de septiembre, que mostrará si la desaceleración de agosto (1,7%) se consolida o fue puntual. La segunda es el dato de actividad económica del tercer trimestre que difundirá el INDEC, clave para saber si la caída de julio en industria y construcción fue un piso o el inicio de una tendencia más profunda. La tercera es si el REM sigue recortando la proyección de crecimiento para 2026 en sus próximas mediciones, lo que terminaría de alejar la meta del 5% original del Presupuesto. Y la cuarta es la evolución del crédito y de la morosidad empresarial: si la mora sigue alta, el crédito seguirá sin funcionar como motor de reactivación, más allá de lo que hagan el riesgo país o la inflación. Ninguno de estos datos está determinado todavía; son, precisamente, los que en las próximas semanas van a decidir si 2026 termina siendo el año en que la estabilidad financiera se combinó con crecimiento, o el año en que ambas cosas convivieron sin cruzarse.