La reforma del BCRA quedó a un paso de ser ley: qué cambia y qué se vota el 17 de septiembre en el Senado

El Senado le dio dictamen el 9 de septiembre de 2026, sin cambios, al proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con ese paso, la iniciativa que ya tenía media sanción de Diputados desde el 26 de agosto quedó a una sola votación —prevista para el 17 de septiembre en el recinto— de convertirse en ley. Es, con la sesión de comisión que se extendió más de cuatro horas y la exposición del propio presidente del BCRA, el hecho institucional más relevante de la semana para la política económica del Gobierno de Javier Milei.

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Contexto

El plenario de las comisiones de Economía Nacional y de Presupuesto y Hacienda del Senado avaló el dictamen con las firmas de La Libertad Avanza y sus aliados —PRO, la Unión Cívica Radical y varios bloques provinciales—, mientras que el bloque kirchnerista de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans, participó de la discusión pero anticipó su rechazo al calificar la reforma de "inconstitucional". La senadora Juliana Di Tullio cuestionó además el manejo de las reservas de oro del Banco Central.

Del lado oficialista, expusieron durante más de cuatro horas el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning. Bausili sostuvo que el marco vigente desde 2012 "ni siquiera pudo cumplir el objetivo número uno" de preservar el valor de la moneda, en defensa del cambio de mandato que propone el proyecto. Werning, por su parte, dio detalles sobre el oro del Banco Central depositado en Suiza y remarcó que fue auditado por la Auditoría General de la Nación (AGN). El senador libertario Bartolomé Abdala definió la reforma como necesaria para "fulminar la inflación".

La presidenta del bloque PRO en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó la intención oficialista: "La idea es llevarlo la semana que viene al recinto". Según trascendió tras el dictamen, el Gobierno negocia una sesión ampliada para el 17 de septiembre que incluiría, además de la reforma del BCRA, el proyecto de Inocencia Fiscal II, una ley de biocombustibles y pliegos de jueces — un paquete legislativo que la Casa Rosada busca cerrar antes de que la agenda electoral de 2027 empiece a condicionar los votos.

Antecedentes

La reforma nació como un compromiso del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para septiembre de 2026, en el marco del programa vigente. El recorrido legislativo hasta acá fue extenso: el proyecto se presentó formalmente el 30 de julio, Diputados negoció los votos con gobernadores del norte hasta último momento y finalmente aprobó la media sanción en la mega sesión del 26 de agosto, con el riesgo país en 512 puntos y el dólar mayorista por encima de los $1.500. El Senado tomó ese mismo texto y lo dictaminó sin modificaciones dos semanas después, lo que acelera el trámite: al no introducir cambios, el proyecto no necesita volver a Diputados y puede convertirse en ley con la sola aprobación del recinto del Senado.

Qué es exactamente la Carta Orgánica y por qué importa reformarla está desarrollado con más detalle en esta guía. En resumen: es la ley que define la misión, el mandato y los límites de financiamiento del Banco Central, vigente sin cambios de fondo desde 2012.

Los números

La reforma llega en un momento en que el mercado ya viene premiando al frente monetario-cambiario, más allá de lo que ocurra en el Senado:

Indicador	Dato	Fecha
Riesgo país	491 puntos	11/09/2026
Riesgo país (día de la media sanción en Diputados)	512 puntos	26/08/2026
Reservas internacionales netas	USD 12.200 millones	agosto 2026
Meta anual de reservas netas acordada con el FMI	USD 8.000 millones (superada, con USD 9.300 M según metodología JP Morgan)	2026
Reservas brutas líquidas	USD 26.100 millones	26/08/2026
Dólar mayorista (MLC)	$1.513	11/09/2026
Compra de dólares del BCRA	USD 6 millones (mínimo del año)	11/09/2026

Ese contraste —reservas por encima de la meta del FMI y riesgo país en baja mientras los bonos globales atravesaban una de sus peores jornadas en más de una década— es la foto que el Gobierno usa como respaldo político para la reforma: si el mercado ya premia el ordenamiento monetario actual, la lectura oficialista es que blindarlo por ley consolida esa tendencia en lugar de depender de la buena voluntad de cada gestión.

Qué está en juego

Para el Gobierno, la sanción de la ley cierra un compromiso concreto con el FMI y le da al equipo económico un argumento institucional de cara a la revisión del programa: ya no sería solo una política del Ejecutivo de turno, sino un límite legal que un futuro gobierno necesitaría los dos tercios de ambas cámaras para torcer, tanto para remover a las autoridades del Banco Central como —según el texto votado en Diputados— para volver a financiar al Tesoro o emitir nuevas Letras Intransferibles.

Para los ahorristas e inversores, el cambio más concreto es la prohibición explícita de que el BCRA vuelva a emitir Letras Intransferibles del Tesoro —el instrumento que en el pasado canjeó dólares de las reservas por deuda sin mercado, explicado en detalle acá— y el fin de los adelantos transitorios al Tesoro, que en la práctica ya no se usan desde que el Gobierno sostiene el superávit fiscal, pero que hasta ahora dependían de una decisión de política y no de una prohibición legal.

Para la oposición, lo que está en juego es el techo institucional que la ley les dejaría a los próximos gobiernos: Unión por la Patria objeta tanto el mecanismo de remoción del directorio por dos tercios —que dificulta cualquier recambio de autoridades sin un consenso amplio— como el reemplazo del esquema de "objetivos múltiples" vigente desde 2012 (que incluía empleo y desarrollo económico con equidad, además de la estabilidad monetaria) por un mandato único centrado en preservar el valor de la moneda.

Lecturas posibles

La lectura del Gobierno y del mercado es que la reforma reduce un riesgo estructural: que un futuro gobierno recurra otra vez a financiar el gasto con emisión o con instrumentos como las Letras Intransferibles, que en el pasado vaciaron reservas del Banco Central a cambio de un activo sin mercado secundario. Bajo esa lectura, la compresión del riesgo país que viene mostrando el mercado en las últimas semanas —incluso en medio de una crisis global de bonos— ya estaría anticipando ese blindaje institucional.

La lectura de la oposición, en cambio, pone el foco en que una ley que solo puede modificarse con dos tercios de ambas cámaras es, de hecho, muy difícil de revertir para cualquier composición legislativa futura que no cuente con una mayoría extraordinaria — el argumento de fondo detrás de la objeción de "inconstitucionalidad" que planteó Mayans, referida al mecanismo de remoción de autoridades del directorio.

Hay una tercera lectura, más técnica, que ya circulaba entre economistas desde que se presentó el proyecto en julio: gran parte de lo que la reforma prohíbe (financiamiento al Tesoro, emisión de Letras Intransferibles) ya no ocurre en la práctica desde que el Gobierno sostiene el superávit fiscal, por lo que el cambio funcionaría más como un blindaje legal a futuro que como una modificación inmediata de la política monetaria actual. Esa lectura convive, sin contradecirla del todo, con el hecho de que las encuestas de septiembre muestran un fuerte deterioro en las expectativas económicas de los hogares —la consultora Analogías midió un saldo de -25 puntos en su índice de expectativas personales, el más bajo en dos años, mientras que Atlas Intel registró que apenas el 26% de los consultados espera una mejora de la situación económica—: el respaldo del mercado a la arquitectura institucional del programa no se traduce, por ahora, en un cambio de humor en la calle.

Qué mirar hacia adelante

El dato inmediato es la sesión del Senado del 17 de septiembre, en la que el oficialismo buscará los votos para convertir en ley, en la misma jornada, la reforma del BCRA, el proyecto de Inocencia Fiscal II y una ley de biocombustibles que todavía genera resistencia de senadores de La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y Córdoba —lo que podría demorar o modificar esa parte del paquete sin afectar necesariamente el tratamiento de la reforma del Banco Central—. Si se aprueba, el siguiente punto a observar es si el mercado reacciona con una compresión adicional del riesgo país o si, como sugiere la lectura técnica, el efecto ya estaba descontado desde la media sanción de Diputados en agosto. En paralelo, seguirá abierta la discusión sobre si el Gobierno avanza con la idea —mencionada por funcionarios pero no confirmada en el texto final— de dar a los gobernadores algún tipo de participación en el directorio del BCRA para ampliar el respaldo político de la reforma.