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Quebrados por la Usura: qué es la estrategia legal para frenar embargos de bancos y Mercado Pago, y qué riesgos tiene
Por Redacción · martes, 15 de septiembre de 2026

Abogados usan la quiebra personal para frenar embargos de bancos y Mercado Pago: cómo funciona, qué bienes arriesga el deudor y qué riesgos tiene.
Un grupo de abogados integrado por Rodolfo Baque, Muriel Mazzeo y Debora Hambo promueve desde comienzos de septiembre la iniciativa "Quebrados por la Usura": asesoran a personas sobreendeudadas para presentar un concurso o quiebra personal —una figura habilitada en la Argentina desde la reforma de la Ley 19.551 de 1983— y así frenar los reclamos y los embargos de sueldo de bancos, billeteras virtuales como Mercado Pago y otras empresas de crédito.
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Qué pasó
La iniciativa fue reportada el 14 de septiembre de forma coincidente por tres medios (ecosdelaciudad.com.ar, vive.click y misionesonline.net), que describen el mismo mecanismo: la presentación de la quiebra suspende automáticamente los procesos de cobro contra el deudor. El trámite es, según uno de esos medios, prácticamente automático y puede resolverse en un máximo de 5 días. Un síndico verifica la cesación de pagos y percibe a cambio un porcentaje único del sueldo del deudor. Al cabo de un año, la persona puede pedirle al juez la rehabilitación. Los abogados que impulsan la iniciativa buscan sumar entre 50 y 100 profesionales más para sostener el volumen de presentaciones que reciben.
"La gente no sabe que existe esta posibilidad y como no lo conoce tiene miedo, pero no hay riesgos", sostuvo Rodolfo Baque ante esos mismos medios.
Por qué pasó
La iniciativa surge en un contexto de mora creciente entre las familias argentinas. Según los datos que citan esos tres medios, la irregularidad en créditos a hogares pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas, mientras que en entidades no bancarias y billeteras virtuales la mora ronda el 25%. Atribuyen al Banco Central un dato puntual: en julio de 2026 Mercado Pago tenía 6,73 millones de deudores, una cifra superior a los 6,17 millones de deudores de todos los bancos públicos juntos. Otras coberturas y consultoras —iProfesional, Perfil, BAE Negocios y la consultora 1816— reportaron a lo largo de 2026 cifras de mora de hogares distintas, de entre 11,5% y 18% según el mes y la metodología usada. El número exacto varía según la fuente, pero la tendencia de fondo es la misma: la morosidad de las familias viene en aumento sostenido durante todo el año, como ya explicamos al analizar qué es la mora crediticia y cómo se mide el sobreendeudamiento.
Ese deterioro también empujó la agenda legislativa: el Congreso discutió en las últimas semanas la pulseada por la reforma del BCRA y el endeudamiento de las familias, y terminó votando la ley contra el sobreendeudamiento de las familias, mientras el Gobierno sostiene que no hay una crisis y rechaza mecanismos oficiales de asistencia, según reconstruimos al explicar por qué el Gobierno rechaza asistir a las familias endeudadas. En ese vacío de respuesta institucional es donde iniciativas privadas como "Quebrados por la Usura" encuentran demanda.
Qué significa
Declararse en quiebra no es un trámite sin consecuencias, aunque frene el hostigamiento de los acreedores. Los bienes del deudor quedan expuestos a liquidación para pagar a los acreedores, por lo que los propios abogados de la iniciativa recomiendan dos medidas preventivas antes de presentarse: inscribir la vivienda como "bien de familia" para protegerla, y vender el auto si el deudor tiene uno, antes de que pueda ser liquidado en el proceso. Durante el año que dura la inhabilitación, además, la persona necesita autorización judicial para salir del país. Como parte del proceso, también se puede solicitar una medida cautelar para que bancos, billeteras y otras empresas dejen de llamar al deudor —o a sus familiares— para reclamar el pago.
La frase de Baque de que "no hay riesgos" debe leerse con matices. La Justicia sí controla el uso de esta figura: en julio de 2025 —un antecedente anterior y sin vínculo conocido con la iniciativa de 2026— la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza, a cargo de la fiscal Susana Muscianisi, inició una investigación contra 8 abogados y 240 personas por una maniobra sistemática: pedían créditos a la financiera Rapicuotas y a los pocos días se declaraban en quiebra sin pagar ninguna cuota, por un monto total de unos 40 millones de pesos. La causa está caratulada como estafa genérica. No hay ninguna indicación de que ese caso esté conectado con "Quebrados por la Usura", pero muestra que el uso organizado o fraudulento de la figura de la quiebra personal sí puede derivar en una causa penal, más allá de que el mecanismo en sí sea legal.
Qué puede pasar ahora
En paralelo, el frente judicial contra las tasas de interés también avanza por otra vía. El 10 de septiembre, La Nación reportó que el abogado Diego Gonzalo Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (Acfra), presentó una demanda contra Mercado Pago ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°24, a cargo del juez Guillermo Pesaresi, en representación de dos consumidoras. La demanda acusa a la empresa de cobrar tasas de interés que superan el 1300% anual y busca, en palabras de Espasandín, que "la tasa se adecúe al marco normativo". Si el fallo resulta favorable, el abogado espera que beneficie a los cerca de 7 millones de usuarios de Mercado Pago. Hasta la fecha de esa nota, no se había corrido traslado a la firma denunciada, es decir que Mercado Pago todavía no respondió judicialmente y el resultado de la causa sigue abierto.
Entre la vía de la quiebra personal para frenar embargos y la demanda colectiva contra las tasas de Mercado Pago, el escenario para los próximos meses combina dos frentes distintos pero relacionados: por un lado, una salida individual y ya operativa que cientos de personas están usando para cortar el hostigamiento de los acreedores; por otro, un intento de corregir de raíz, por vía judicial, las tasas que —según sus críticos— explican buena parte del sobreendeudamiento. Ninguno de los dos procesos está resuelto todavía.
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