politica
Vacantes judiciales: el Gobierno cubrió 96 cargos de los 203 pliegos enviados y Milei sigue evaluando nombres para la Corte
Por Sofía Rojas · martes, 4 de agosto de 2026
El Gobierno nacional envió al Congreso 203 pliegos para cubrir vacantes judiciales: 144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores públicos y 4 listas de conjueces. De ese total, 96 cargos ya fueron efectivamente cubiertos —81 jueces, 6 fiscales y 9 defensores— mientras que otras 85 vacantes se encuentran en trámite de aprobación en el Congreso.
El avance responde a un cuadro de vacancia que a comienzos de 2026 era considerable: en la Justicia federal y nacional el 35% de los cargos estaban vacantes (568 de 1.640), en el Poder Judicial en general el 38% (381 de 1.002), en el Ministerio Público Fiscal el 25% (105 de 414) y en la Defensa Pública el 37% (82 de 224).
- Justicia federal y nacional: 35% de vacancia (568 de 1.640 cargos)
- Poder Judicial en general: 38% de vacancia (381 de 1.002 cargos)
- Ministerio Público Fiscal: 25% de vacancia (105 de 414 cargos)
- Defensa Pública: 37% de vacancia (82 de 224 cargos)
La incógnita de la Corte Suprema
En paralelo al proceso de cobertura de vacantes en instancias inferiores, Javier Milei reconoció que estudia nombres para ocupar las dos vacantes existentes en la Corte Suprema, que hoy integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los dos lugares vacíos corresponden al retiro de Elena Highton de Nolasco en 2021 y al límite de edad alcanzado por Juan Carlos Maqueda en 2024.
Pese a admitir que analiza candidatos, el propio presidente relativizó la urgencia del tema al calificarlo como una prioridad menor dentro de su agenda: "Estoy estudiando más nombres para la Corte, pero estoy estudiando su trabajo, sus aportes, sus fallos", dijo, sin revelar ningún nombre en danza para los dos sillones vacantes del máximo tribunal.
El contraste entre el ritmo relativamente activo de designaciones en tribunales inferiores y la cautela mostrada respecto de la Corte Suprema refleja una estrategia judicial que prioriza destrabar la vacancia estructural del sistema antes de definir los nombres para el tribunal de mayor jerarquía del país.
