El paro universitario de 48 horas que expone un año de vetos, fallos judiciales y una ley de financiamiento que el Gobierno no cumple

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) llevó adelante un paro nacional de 48 horas este jueves 27 y viernes 28 de agosto en todas las universidades públicas del país, con la adhesión confirmada de gremios de base como FEDUBA y ADIUC. Detrás de la medida hay dos reclamos que se retroalimentan: que el Gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y una recomposición salarial para los docentes universitarios, cuyo poder adquisitivo viene cayendo desde diciembre de 2023.

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El paro no es un hecho aislado: es la fase más reciente de un conflicto de casi dos años entre el Congreso, la Justicia y el Poder Ejecutivo, en el que una ley aprobada, vetada, vuelta a aprobar y ratificada por fallos judiciales en dos instancias sigue sin aplicarse plenamente. Esa combinación —ley vigente, fallos firmes, incumplimiento administrativo— es lo que convierte a esta protesta gremial en algo más que un reclamo salarial puntual: es un test sobre el peso relativo de los tres poderes del Estado frente al objetivo de déficit cero del Gobierno.

Antecedentes

La cronología legislativa y judicial de la Ley de Financiamiento Universitario explica por qué el conflicto llegó a este punto. El 15 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un primer proyecto de financiamiento universitario, que el Senado aprobó el 12 de septiembre de ese año por 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Milei lo vetó el 3 de octubre de 2024 mediante el Decreto 879/2024, invocando motivos fiscales, y el veto quedó firme porque el Congreso no reunió los dos tercios necesarios para insistir.

El tema no murió ahí. El 25 de junio de 2025 se presentó un nuevo proyecto en Diputados, esta vez con el respaldo explícito del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la propia CONADU. Tras el dictamen de comisión del 8 de julio, Diputados lo aprobó el 7 de agosto de 2025 por 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, y el Senado hizo lo propio el 21 de agosto, convirtiéndolo en la Ley 27.795.

Ahí empezó la segunda etapa del pulso institucional. El 10 de septiembre de 2025, antes incluso de la promulgación formal, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 647/2025 con observaciones parciales —un veto parcial— sobre la ley recién sancionada. El Congreso respondió con dos rechazos consecutivos a esas observaciones, el 17 de septiembre y el 2 de octubre de 2025, insistiendo con el texto original. La ley se promulgó y publicó oficialmente el 2 de octubre de 2025. Pero apenas tres semanas después, el 21 de octubre, el Gobierno emitió el Decreto 759/2025, que suspendió directamente la aplicación de la norma citando restricciones presupuestarias, tal como el objetivo de superávit fiscal que el Ejecutivo prioriza por sobre la ejecución de leyes con impacto presupuestario.

La disputa pasó entonces a la Justicia. El 23 de diciembre de 2025, un juzgado federal ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley, los que fijan la actualización automática del presupuesto y de los salarios. El Gobierno apeló, y el 31 de marzo de 2026 la Cámara de Apelaciones rechazó sus argumentos, calificándolos de "no serios". El Ejecutivo llevó el caso a la Corte Suprema, que el 25 de junio de 2026 desestimó el último recurso oficial por cuestiones procesales, sin expedirse sobre el fondo del asunto. El resultado, a hoy, es una ley legalmente vigente pero administrativamente frenada: nadie discute su validez formal, pero tampoco se aplica según lo ordenado por la Justicia en dos instancias.

La ley establece una actualización automática del presupuesto universitario atada al IPC para funcionamiento e infraestructura, recomposición salarial de docentes y no docentes, y un incremento de becas (Progresar, Carreras Estratégicas, Enfermería), con actualizaciones calculadas desde el 10 de diciembre de 2023. En el medio de esta disputa institucional, el reclamo tomó también las calles: el 12 de mayo de 2026 se realizó la Cuarta Marcha Federal Universitaria, una movilización multitudinaria a Plaza de Mayo y el Congreso donde se denunció una caída salarial docente del 8,8% real interanual y del 34,2% desde noviembre de 2023.

Los números

El corazón del conflicto está en cifras que Gobierno y gremios leen de manera opuesta. Según Felipe Vega Terra, director del CBC de la UBA, los docentes universitarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana a un tercio desde diciembre de 2023, y haría falta un incremento salarial superior al 50% para recomponer ese poder de compra a los niveles de aquel momento, porque los aumentos otorgados hasta ahora quedaron por debajo de la inflación acumulada. Los gremios universitarios, además, denuncian un "triple incumplimiento": fondos de funcionamiento, hospitales universitarios y falta de aplicación tanto de la Ley de Financiamiento como de los fallos judiciales que la respaldan. Las organizaciones universitarias sostienen que las transferencias reales a universidades nacionales cayeron un 45,6% entre 2023 y 2026.

Del otro lado, el Gobierno exhibe pagos concretos. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó el paro de "político" e "ilegítimo" y sostuvo que los aumentos salariales acordados se están pagando en los montos, plazos y cronogramas establecidos.

Lo que dice el Gobierno que pagó	Lo que denuncian los gremios
$666.823.011.021 del presupuesto vigente para gastos de personal y aumentos salariales de junio de 2026	Pérdida de poder adquisitivo docente cercana a un tercio desde diciembre de 2023
Resolución 420/26: $20.000.000.000 para la UBA, ya transferidos	Se necesitaría un incremento superior al 50% para recomponer el salario a niveles de diciembre de 2023
Resolución 484/26: otros $20.000.000.000 para la UBA, en proceso de transferencia	Caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a universidades nacionales (2023-2026)
Resolución 478/26 (03/08/2026): $448.544.808.500 para gastos de personal y aumentos de julio de 2026	"Triple incumplimiento": fondos de funcionamiento, hospitales universitarios y falta de aplicación de la ley y de los fallos judiciales

La postura oficial es que cualquier actualización de salarios, gastos operativos e infraestructura universitaria debe discutirse en el marco del Presupuesto 2026, que el Ejecutivo enviaría al Congreso el 15 de septiembre.

Qué está en juego

En lo inmediato, están en juego los salarios de docentes y no docentes universitarios, el funcionamiento de las universidades públicas —incluidos los hospitales universitarios— y las becas estudiantiles (Progresar, Carreras Estratégicas, Enfermería). Pero hay una dimensión institucional que excede lo salarial: se trata de una ley vigente, con fallos judiciales firmes en dos instancias a favor de su cumplimiento, incluido el rechazo de la Corte Suprema al último recurso del Gobierno, que el Poder Ejecutivo no ejecuta invocando restricciones presupuestarias y el objetivo de déficit cero. Es, en los hechos, un test sobre hasta dónde llega la capacidad del Ejecutivo de frenar por decreto una norma que superó todas las instancias legislativas y judiciales previstas.

Lecturas posibles

La lectura del Gobierno es que ya está cumpliendo con pagos regulares y en término —los montos y resoluciones detallados más arriba— y que la discusión de fondo sobre el financiamiento universitario debe darse en el Presupuesto 2026, no por la vía de un paro ni de una ley que, según sostiene el Ejecutivo, carece de una fuente de financiamiento específica.

La lectura gremial y universitaria, en cambio, es que hay una ley vigente y fallos judiciales firmes —incluido el rechazo de la Corte Suprema al último recurso oficial— que el Gobierno no cumple, y que los pagos que exhibe el Ejecutivo no alcanzan a compensar una caída real acumulada de más del 45% en las transferencias a universidades nacionales ni la pérdida de un tercio del poder adquisitivo docente desde diciembre de 2023. Ninguna de las dos lecturas debe leerse como el consenso del conflicto: son las dos posiciones en pugna, sin resolución de fondo todavía.

Qué mirar hacia adelante

El próximo hito formal es el Presupuesto 2026, que el Ejecutivo enviaría al Congreso el 15 de septiembre y donde el Gobierno insiste en que debe discutirse el financiamiento universitario de fondo. En paralelo, no está descartado que los gremios universitarios profundicen su plan de lucha o convoquen una nueva marcha federal si no hay una respuesta concreta: ya hubo cuatro marchas federales universitarias, la última en mayo de 2026. Tampoco está cerrado el frente judicial, porque la Corte Suprema desestimó el último recurso del Gobierno por cuestiones procesales, sin resolver el fondo del asunto, lo que deja abierta la puerta a nuevas instancias.

El conflicto universitario, además, no ocurre en el vacío. Esta misma semana, el 26 de agosto, el oficialismo consiguió en Diputados la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y de "Inocencia Fiscal II", por 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, con apoyo de PRO, UCR, MID y bloques de gobernadores como los de Jaldo, Orrego, Figueroa y Llaryora, en una semana clave del Congreso marcada por la confrontación entre el oficialismo y la oposición. El patrón de fondo se repite en varios frentes —universidades, discapacidad, ahora el Banco Central—: el Congreso insiste con leyes o el Ejecutivo enfrenta jurisprudencia adversa, y el Gobierno prioriza el objetivo de déficit cero por sobre la ejecución de esas normas, apostando a saldar la discusión de fondo en el Presupuesto 2026.