Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta un dólar a $1.847, inflación del 18% y recorta fondos a universidades y ciencia

El Gobierno envió formalmente el proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados el martes 16 de septiembre de 2026. El texto proyecta un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027 —un alza nominal del 15,5% respecto del cierre de 2026—, una inflación interanual del 18% y un crecimiento del PBI del 4%, al tiempo que profundiza el ajuste en ciencia y universidades nacionales. El debate en comisión recién comenzará en octubre.

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Por qué pasó

El envío del proyecto es un trámite obligatorio del calendario legislativo, pero llega en un contexto político particular: el arranque de la carrera electoral hacia los comicios del año próximo, en los que Javier Milei buscará la reelección, mientras gobernadores y fuerzas provinciales empiezan a marcar intereses propios de cara a esa disputa. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que, de cumplirse la proyección de superávit financiero, la Argentina completaría cuatro años consecutivos de resultado fiscal positivo, algo que —según su lectura— sería la primera vez lograda sin que el país esté en default. El texto, además, consolida lo que el propio proyecto define como "el mandato del equilibrio fiscal como norma inalterable del programa económico".

Qué significa

Las proyecciones macroeconómicas centrales del proyecto son las siguientes:

Variable	Proyección 2027
Dólar oficial (diciembre 2027)	$1.847,60 (+15,5% nominal vs. cierre 2026)
Inflación interanual	18%
Crecimiento del PBI	4%
Aumento salarial promedio	25,4%
Exportaciones	más de USD 130.000 millones
Superávit comercial	más de USD 15.000 millones
Superávit financiero	$3,3 billones (0,2% del PBI, según una fuente)

En materia de gasto, las cifras difieren según la fuente y la medición: el gasto total consolidado proyectado es de $216 billones, mientras que otra fuente cita $202,1 billones específicamente para la Administración Nacional. Los recursos totales proyectados son de $219,3 billones, aunque otra fuente los ubica en $198,96 billones —equivalente al 14% del PBI y un 25,3% más que en 2026—. Al tratarse de mediciones distintas (consolidado vs. Administración Nacional), ambos números conviven en el proyecto sin que se pueda reconciliarlos de forma directa.

El ajuste más marcado del proyecto recae sobre ciencia y universidades. El presupuesto para universidades nacionales es de $7,34 billones, frente a un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de más de $11 billones, una brecha de aproximadamente $3,66 billones. Los organismos científicos —CONICET, CNEA, la Agencia I+D+i y CONAE— recibirían fondos calculados solo "para acompañar" la inflación proyectada del 18%, sin margen de recomposición. El caso más severo es el del INTA, con una quita nominal del 12,4% y un recorte real acumulado superior al 43%, seguido por el INTI, con una caída nominal del 5,2% y un recorte real acumulado de aproximadamente 49%. En conjunto, el área de ciencia acumula una pérdida del 35% de sus ingresos reales desde diciembre de 2023.

A esto se suma una cláusula que el sector universitario calificó de controvertida: el proyecto exige a las universidades detallar sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano y habilita al Poder Ejecutivo a interrumpir transferencias en caso de incumplimiento, lo que las universidades interpretan como una herramienta de presión adicional sobre su autonomía de gestión.

Qué puede pasar ahora

El proyecto ingresa ahora a un proceso legislativo que recién arrancará en octubre en comisión, con un arco político que ya adelantó objeciones. El diputado Itaí Hagman (Fuerza Patria) cuestionó la credibilidad de las proyecciones oficiales, al recordar que el Gobierno había pronosticado una inflación del 10% para 2026 y terminaría cerca del 29%. Los diputados Esteban Paulón y Juan Marino, por su parte, cuestionaron cambios que consideran "regresivos" en los programas de asistencia a personas con discapacidad, a los que acusan de violar principios constitucionales.

El debate en comisión, sumado al escenario electoral que se abre de cara al año próximo y a la creciente autonomía de gobernadores y fuerzas provinciales, anticipa una discusión parlamentaria más disputada que en ejercicios anteriores, con el ajuste a universidades y ciencia como uno de los puntos centrales de fricción.