Mora récord y pulseada en el Congreso: qué implica la reforma del BCRA y qué se juega en la sesión especial del 9 de septiembre por el endeudamiento de las familias

El miércoles 26 de agosto de 2026 la Cámara de Diputados vivió una sesión de alto voltaje. La Libertad Avanza había convocado para el mediodía con dos proyectos centrales en la agenda: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II. Ambos textos fueron aprobados esa misma jornada, en medio de un clima tenso que incluyó un incidente protagonizado por un legislador opositor que intentó avanzar hacia la banca del presidente de la Cámara, Martín Menem, y debió ser contenido. Puede leerse el detalle de cómo reaccionaron los mercados a esa mega sesión del 26 de agosto por la reforma del BCRA en una nota previa de este medio.

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Pero esa misma sesión tuvo un segundo capítulo, menos visible para buena parte de la agenda mediática pero con consecuencias tan concretas como la reforma monetaria: la oposición —integrada por Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, Encuentro Federal y bloques provinciales— intentó incorporar sobre tablas dos temas propios: la prórroga de la emergencia en discapacidad (ley 27.793, hasta el 31 de diciembre de 2027) y un paquete de proyectos vinculado al endeudamiento de las familias argentinas. Para lograrlo necesitaban una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, un umbral que no alcanzaron porque La Libertad Avanza controla más de un tercio de la Cámara. La votación terminó 133 a favor y 107 en contra: no llegó a los 3/4, pero confirmó algo políticamente más relevante: la oposición ya reúne el número de quórum (129) necesario para convocar, por sí misma, una sesión especial.

Con ese número en la mano, la oposición convocó formalmente una sesión especial para el miércoles 9 de septiembre de 2026, con dos ejes: la prórroga de la emergencia en discapacidad y un paquete de cerca de 30 proyectos sobre endeudamiento familiar, entre los que se destaca el "RED" (Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Argentinas). El resultado de esa sesión definirá si el Congreso logra imponerle al Poder Ejecutivo una agenda que el propio Gobierno se niega, por ahora, a discutir.

Antecedentes: cómo se llegó a una mora récord

La discusión legislativa no aparece en el vacío. Se monta sobre un fenómeno que este medio ya había descripto en detalle en una nota anterior sobre la mora récord y por qué el Gobierno rechaza asistir a las familias endeudadas: la morosidad de los hogares argentinos viene de una racha prolongada de subas mes a mes, en un contexto de desregulación del crédito de consumo que amplió el acceso a préstamos personales y tarjetas, pero también multiplicó el riesgo de sobreendeudamiento entre familias que recurren a esas líneas para cubrir gastos esenciales —no bienes durables ni consumo discrecional— frente a ingresos que no logran acompañar el ritmo de la inflación.

En ese marco, los bancos elevaron el costo del crédito: entre julio de 2025 y abril de 2026 la tasa nominal anual (TNA) de los préstamos personales rondó entre 65% y 85%, un nivel que encarece fuertemente cualquier financiamiento de consumo. Según reconstruyó Infobae, esa suba de tasas no responde a una decisión discrecional de las entidades sino a una lógica defensiva: la alta incobrabilidad las obliga a exigir un mayor rendimiento para compensar el riesgo de default, incluso cuando el Banco Central dispuso medidas en sentido contrario.

El otro antecedente relevante es político: la emergencia en discapacidad, uno de los dos ejes de la sesión del 9 de septiembre, ya había sido objeto de un veto previo del Gobierno nacional, lo que explica por qué la oposición insiste en incluirla junto con el paquete de endeudamiento: se trata, en ambos casos, de agendas sociales que el Ejecutivo ha resistido en el Congreso o directamente vetado.

Los números de la mora

El diagnóstico sobre el nivel de morosidad surge de datos difundidos por Ámbito Financiero e Infobae, que muestran un cuadro con matices: hay un freno en la serie de hogares (corta 18 meses consecutivos de subas), pero el nivel de mora sigue siendo récord en préstamos personales y elevado en tarjetas.

Indicador	Valor
Mora en préstamos personales	16,4% (récord histórico)
Mora en tarjetas de crédito	12,6%
Mora total de los hogares (todas las líneas)	12,8% (corta racha de 18 meses de subas)
Rango de TNA de préstamos personales (jul. 2025 – abr. 2026)	Entre 65% y 85%

La lectura de esa tabla admite una interpretación cauta: que la mora total de los hogares haya interrumpido su racha ascendente es un primer indicio de freno, pero el nivel de 12,8% sigue siendo alto en términos históricos, y el 16,4% de mora en préstamos personales continúa siendo un récord. No hay, en los datos disponibles, una serie oficial verificada mes a mes desde 2023-2024 que permita afirmar con precisión cuánto se aceleró la mora en cada tramo; los reportes disponibles deben tomarse como contexto de tendencia, no como serie estadística cerrada.

Qué está en juego

Para las familias que ya recurren a préstamos personales o tarjetas de crédito para cubrir gastos corrientes, el escenario actual combina dos presiones simultáneas: tasas de interés muy elevadas (hasta 85% de TNA) y un riesgo creciente de sobreendeudamiento, con la consecuente exposición a ejecuciones de deuda, embargos o inclusión en registros de morosos. Quienes ya usan el crédito de consumo para cubrir necesidades básicas —no gastos discrecionales— son el sector más expuesto a que un nuevo atraso en el pago de una cuota derive en una espiral de refinanciación a tasas todavía más altas.

Para el Gobierno, en cambio, lo que está en juego es más bien político-legislativo: la capacidad de sostener gobernabilidad en el Congreso de cara al año electoral 2027. La aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA —que vuelve al texto original de la Ley 24.144 de 1992 y deja sin efecto gran parte de la reforma de 2012, blindando al directorio del Banco Central (removible solo con dos tercios de Senado y Diputados), prohibiendo la compra de títulos públicos en el mercado primario y el adelanto de fondos al Tesoro, y restringiendo el giro de utilidades a la cancelación de deuda— y de la ley de Inocencia Fiscal II —que modifica el Régimen Simplificado de Ganancias con presunciones de inocencia fiscal para desincentivar la evasión y "sincerar" los llamados dólares del colchón, un mecanismo explicado en detalle en la guía sobre qué es la Ley de Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias publicada por este medio— fue una victoria clara del oficialismo. Pero esa misma sesión mostró que la oposición ya tiene los votos para marcarle una agenda propia, algo que ya se anticipaba en el análisis sobre los 129 votos que necesita el Gobierno para la reforma del BCRA.

Lecturas posibles: ninguna es consenso

Sobre el paquete de endeudamiento conviven al menos tres lecturas, y ninguna puede presentarse como mayoritaria o consensuada.

La oposición, a través de impulsores del proyecto RED como Natalia Zaracho, Itaí Hagman, Germán Martínez, Cecilia Moreau y Hugo Yasky, plantea la iniciativa como una respuesta de urgencia social y de protección al consumidor: el RED declara una emergencia en el crédito de las familias por dos años, crea auditorías integrales de deuda para verificar la legalidad de contratos, tasas aplicadas y posibles cargos indebidos o cláusulas abusivas, busca limitar los intereses compensatorios de las tarjetas de crédito a no más del 25% de la tasa TAMAR —un tope que, de aprobarse, modificaría directamente cómo se calculan los intereses que hoy encarecen el uso de la tarjeta, un mecanismo emparentado con la lógica del interés compuesto— y protege de embargos automáticos a beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo.

El Gobierno nacional, en cambio, sostiene que el sobreendeudamiento de las familias es un asunto privado en el que no corresponde intervenir, una postura que ya había manifestado en relación con la mora récord de agosto. Javier Milei fue más allá y calificó la agenda opositora de "campaña del miedo", con el argumento de que busca segmentar electorados y profundizar divisiones de cara al calendario electoral de 2027.

Una tercera lectura, que no se identifica ni con el oficialismo ni con la oposición, proviene de advertencias de bancos y analistas: la altísima mora que hoy exhiben los préstamos personales y las tarjetas ya está funcionando, por sí sola, como un freno a la oferta de crédito, en la medida en que las entidades exigen tasas más altas para compensar el riesgo de incobrabilidad. Desde esa perspectiva, un tope legal a las tasas —como el que propone el RED— podría profundizar esa restricción en lugar de aliviarla, si los bancos responden retirando oferta de crédito antes que prestando a tasas que consideren insuficientes para cubrir el riesgo. Ninguna de estas tres lecturas debe leerse como un diagnóstico validado de manera unánime: son posiciones en disputa, no conclusiones cerradas.

Qué mirar hacia adelante

El próximo hito formal es la sesión especial del 9 de septiembre de 2026, convocada por la oposición con el número de quórum ya asegurado (129 diputados) para tratar el paquete de endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Resta ver si el oficialismo intenta evitarla, condicionarla con negociaciones puntuales o directamente dejarla avanzar y jugar la discusión en el recinto, en un contexto donde ya demostró capacidad de sumar votos propios para sus proyectos centrales (BCRA e Inocencia Fiscal II) pero no necesariamente los mismos números para bloquear una convocatoria opositora.

En paralelo, el dato que permitirá calibrar si el freno de la mora total de los hogares (12,8%, tras 18 meses de subas) es el inicio de una tendencia o un dato aislado será el próximo relevamiento mensual del Banco Central sobre morosidad de préstamos personales, tarjetas de crédito y mora total. Ese número, cruzado con el resultado político de la sesión del 9 de septiembre, definirá si 2026 termina con un endeudamiento de las familias regulado por ley o si el statu quo actual —tasas altas sostenidas por la incobrabilidad, y un Gobierno que se abstiene de intervenir— se mantiene sin cambios normativos.