Qué hay detrás de la denuncia de Pagano contra Caputo y Bausili por los $4 billones sin trazabilidad del Tesoro

La diputada nacional Marcela Pagano, referente del bloque Coherencia, denunció penalmente el lunes 10 de agosto de 2026 al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por presunta malversación de caudales públicos, defraudación agravada y peculado. El objeto de la denuncia son unos $4 billones del Tesoro Nacional que, según la legisladora, no tienen un destino públicamente trazable desde una licitación de deuda realizada el 29 de julio. Caputo respondió que iniciará una querella por calumnias, y el propio presidente Javier Milei se sumó al cruce en redes sociales. El episodio, más allá del tono de pelea que tomó en las últimas horas, plantea una pregunta de fondo sobre el control público de los fondos que el Estado mueve cada vez que sale a buscar financiamiento en el mercado de pesos.

Consultá la cotización del dólar hoy — oficial, blue, MEP y CCL actualizados.

Contexto

El origen concreto de la controversia es la denuncia que Pagano formalizó el lunes ante la Justicia, apuntando contra Caputo y Bausili y otros funcionarios del equipo económico. La diputada sostuvo en la red social X: "La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra". Caputo le contestó en el mismo canal que "los fondos son de pública trazabilidad" y que le iniciaría una querella por calumnias. Milei escaló el tono al calificar a la legisladora de "mentirosa serial", y Pagano redobló la apuesta acusando al Presidente de haber "fundido" a 300.000 pymes y de intervenir el INDEC. Del cruce discursivo conviene separar el dato duro: qué pasó con esos $4 billones y por qué nadie, ni siquiera el titular del Banco Central en conferencia de prensa, pudo precisar en el momento dónde estaban depositados.

Antecedentes

Pagano llegó a la Cámara de Diputados en 2023 en la lista de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, pero rompió con el espacio libertario y hoy conduce el bloque Coherencia, con votos que en más de una oportunidad complicaron al oficialismo en el recinto. La tensión con Milei no es nueva: en 2024 el Presidente y su entorno la acusaron de haber impulsado gestiones para removerlo del cargo, un antecedente que explica en parte la virulencia del intercambio de esta semana. La denuncia, además, llega apenas días después de que el oficialismo sufriera una derrota en el Senado que obligó al Gobierno a rediscutir su estrategia legislativa de cara a 2027, en un clima de relación deteriorada entre la Casa Rosada y buena parte del Congreso.

Los números

La secuencia de la licitación que originó la polémica es la siguiente:

Concepto	Monto
Ofertas recibidas el 29 de julio	$13,98 billones
Monto adjudicado	$12,21 billones
Vencimientos cubiertos ese día	~$8 billones
Rollover logrado	144,5%
Excedente en discusión	~$4 billones (≈ USD 2.600 millones)

El Tesoro adjudicó bastante más de lo que necesitaba para renovar los vencimientos del día, una práctica habitual cuando la demanda supera ampliamente la oferta y el equipo económico decide captar financiamiento neto adicional. La discusión no es si el excedente existió —eso está confirmado por los propios números oficiales de la licitación— sino en qué cuenta quedó depositado y quién puede dar cuenta de su movimiento día a día.

Qué está en juego

La versión del equipo económico es que esos fondos se depositaron en cuentas que el Tesoro mantiene en bancos comerciales, y no en la cuenta única que tiene en el Banco Central, precisamente para evitar que ese volumen de pesos presionara sobre las tasas de interés de corto plazo apenas concluida la licitación. Bausili, consultado en conferencia de prensa por el destino exacto de esos fondos, admitió no tener el dato a mano: "Es una pregunta que corresponde al Tesoro, no creo que hayan desaparecido, puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están". Esa frase, más que la denuncia en sí, fue la que instaló la polémica en la city: para buena parte de los operadores del mercado, no es lo mismo que el Tesoro tenga una política de gestión de liquidez explícita a que el propio presidente del Banco Central no pueda precisar, en el momento, dónde está la plata. Lo que está en juego no es solo el resultado de una causa penal —cuyo desenlace judicial puede demorar meses o años— sino la capacidad del Congreso y de la opinión pública de auditar en tiempo real cómo se administra el excedente de una colocación de deuda soberana, en un momento en que la city sigue de cerca cada señal sobre la solidez institucional del programa económico.

Lecturas posibles

Hay al menos dos lecturas en pugna, y no son necesariamente excluyentes. La lectura oficialista sostiene que depositar el excedente en bancos comerciales es una herramienta legítima y usual de gestión de liquidez, que no implica opacidad sino prudencia técnica para no convalidar una suba abrupta de tasas en un mercado todavía sensible; bajo esa lectura, la denuncia de Pagano sería un capítulo más de su enfrentamiento personal con Milei, sin sustento en una irregularidad real. La lectura opositora, en cambio, pone el foco en que la trazabilidad pública de fondos del Estado no debería depender de que un funcionario "busque bien" para encontrarlos, y que la falta de un mecanismo de rendición de cuentas claro y automático es en sí misma un problema de control institucional, más allá de si el dinero terminó apareciendo o no. Entre ambas posturas, un tercer grupo —analistas de mercado consultados por distintos medios esta semana— evita pronunciarse sobre la pelea política y se concentra en el dato que más les importa: si el manejo de esos pesos afecta o no la licitación de deuda de las próximas semanas y la lectura que el mercado hace sobre la transparencia operativa del Tesoro.

Qué mirar hacia adelante

Hay dos frentes para seguir. El primero es judicial: la denuncia de Pagano deberá ser asignada a un juzgado y pasar el primer filtro de admisibilidad, mientras en paralelo avanza la querella por calumnias que anunció Caputo contra la legisladora; ninguna de las dos causas tiene plazos definidos todavía. El segundo es político y más inmediato: si algún bloque de la oposición pide en el Congreso un informe formal sobre el destino y el rendimiento de esos $4 billones —algo que hasta ahora no ocurrió de manera articulada— y si el Ministerio de Economía decide publicar, de manera proactiva, el detalle de cómo administra los excedentes de las próximas licitaciones para bajarle el tono a la controversia antes de la siguiente colocación de deuda.